The Paraguayan Senate will vote this week on the data retention bill known as #Pyrawebs. Despite the fact that the bill was previously rejected by the House of Representatives in March after heavy criticism, its proponents are pushing ahead with this privacy-curtailing piece of legislation.
Bill’s sponsors insist on data retention legislation despite previous vote against it
A bill requiring all internet service providers in Paraguay to store internet usage metadata about all of their users was introduced by Senators Arnaldo Giuzzio, Arnoldo Wiens, and Fernando Silva Facetti y Robert Acevedo late in 2014. This dangerous legislation would establish a preemptive metadata regime to retain users’ data for one year, on the pretext of collecting evidence to fight terrorism, child pornography, and drug trafficking.
Even though the data stored under the bill’s authority does not include the content of users’ private communications, studies have shown that analyzing contextual information about communications — or the metadata — can reveal sensitive information about users.
Indeed, the European Court of Justice has ruled that a similar policy, the European Directive on Data Retention, is not valid because it doesn’t meet the human rights standard of necessity and proportionality.
Similarly, in the case of Escher vs. Brasil, the Inter-American Court of Human Rights has declared that storing communications metadata is illegal.
Digital and human rights organizations, including Access, EFF, TEDIC, and the local chapter of Amnesty International, previously launched a broad advocacy campaign to fight the bill — and, as noted above, in March the House of Representatives voted against it. Yet now the bill’s sponsors in the Senate are now insisting on advancing the original text, and turning to negative and harmful rhetoric in order to argue for its adoption.
Harmful rhetoric in a complex global scenario
Defenders of data retention typically argue that it is necessary to fight against organized crime. Policymakers often gain support from the public by invoking terrorism and child pornography.
Even though the fight against organized crime is a laudable objective, the procedures used must be examined to ensure they meet privacy standards. Bulk metadata collection fails to pass that test. Further, the way that this kind of Pyrawebs legislation is being promoted is manipulative. One of the bill sponsors showed images of child pornography to news anchors during interviews to ensure that the public’s reaction to data retention would be favorable.
This kind of manipulation is happening all around the world. In France, for instance, the Charlie Hebdo tragedy has been exploited by proponents of disproportionate surveillance measures. This is happening even after several countries stepped back from data retention following the European Court of Justice’s ruling against it.
A renewed fight for fundamental rights
Fear and helplessness in the face of organized crime should not be the basis of policy-making, especially if the proposed solutions put our fundamental rights at risk. As we have previously argued, technical and legal analysis shows that mass surveillance measures such as bulk data retention are unhelpful, unnecessary, and disproportionate.
There are new challenges to the right to privacy almost every day, spanning from legislation to weaken data protection to interference with communications encryption and security standards. Yet the timely and relevant first report by David Kaye, a UN special rapporteur on free expression, concluded that encryption technologies are necessary for the advancement of human rights in the digital age.
We at Access believe that it is possible to achieve a balanced mechanism that allows for the protection of privacy rights on the internet and the collection of evidence for criminal investigations. Investigative surveillance should be necessary, proportionate, and focused on individual targets. This should be anticipated in the law, and surveillance should be conducted under judicial oversight. This criteria should be followed in Paraguay, as OAS Special Rapporteur for the Right to Freedom of Expression Edison Lanza recently stated in an interview on Pyrawebs.
Likewise, that balance must be struck between citizen rights — and the rights of children especially — and the government’s responsibility for security, as we argue in this video featuring Frank La Rue, the former UN Special Rapporteur for the Right to Freedom of Expression.
Join us
Join us in asking Senators @GiuzzioArnaldo @ArnoldoWiens @FSilvaFacetti to heed the concerns of international human rights experts and find alternatives to data retention that won’t compromise fundamental rights. Tweet these representatives and ask them to say no to #Pyrawebs!
Pyrawebs: el regreso del fantasma de la vigilancia masiva
El Senado paraguayo tratará esta semana la iniciativa de retención de datos de tráfico de internet, conocida como #Pyrawebs. Tras el rechazo en la Cámara de Diputados a causa de un amplio descontento social, los senadores proyectistas insisten con un proyecto que viola la privacidad y daña la libre expresión.
El afán por la insistencia, contra el rechazo de la sociedad
El proyecto de retención de datos de tráfico de internet para todo el Paraguay fue presentado por los senadores Arnaldo Giuzzio, Arnoldo Wiens, Fernando Silva Facetti y Robert Acevedo a fines del año pasado. Esta legislación apunta a obligar a los proveedores de servicios de internet (ISPs) del país a almacenar los datos sobre las comunicaciones de sus usuarios por el plazo de un año, con la excusa de conservar pruebas ante la eventual comisión de delitos en internet.
Si bien el proyecto no apunta a conservar el contenido de las comunicaciones, estudios científicos han señalado que los metadatos pueden revelar informacio? sensible sobre la vida privada de los individuos.
Tal es así que la Corte Europea de Justicia sentenció que la Directiva Europea de Retencion de Datos, que apuntaba a los mismos fines, resultaba inválida por ser desproporcionada e invasiva.
En un sentido similar se expresó la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la retención de datos sobre comunicaciones en el caso Escher vs. Brasil.
Tras una encendida campaña por parte de activistas de derechos humanos y digitales como Access, EFF, TEDIC y Amnistía Internacional (capítulo Paraguay) la Cámara de Diputados rechazó el proyecto a mediados de marzo. Ahora, los senadores insisten con el mismo en la cámara de origen y han recurrido a una retórica dañina y negativa para promocionar su aprobación.
Una retórica dañina y un escenario global complicado
Los defensores de la retención masiva de datos para el uso por parte de los organismos de seguridad, a menudo se escudan en la lucha contra el crimen organizado para la imposición de la vigilancia masiva. Temas de alta sensibilidad social como el terrorismo y la pedofilia pueblan los argumentos de los legisladores.
Si bien estos objetivos son loables, la forma de perseguirlos es claramente objetable cuando se utiliza el sufrimiento y la exposición de las víctimas para justificar violaciones masivas a la privacidad. Paraguay no fue la excepción, cuando uno de los impulsores del proyecto, llevó imágenes de pornografia infantil a medios de comunicación en Paraguay para mostrarlas a los cronistas en un esfuerzo por ganar su simpatía con el proyecto.
El escenario global tampoco es ajeno a argumentos basados en la sensibilidad pública y alejados de investigaciones sobre la utilidad y la legalidad de la vigilancia masiva. En Francia, por ejemplo, la tragedia de Charlie Hebdo disparó la aprobación de medidas de vigilancia desproporcionadas aún cuando otros países de la región -como Holanda– siguieron a la Corte Europea de Justicia invalidando directivas nacionales de retención de datos.
La importancia de la privacidad y una lucha que se renueva
La impotencia ante el crimen organizado no es una buena razón para legislar y más aún cuando se trata de medidas que ponen en peligro derechos fundamentales. Como hemos dicho, hay razones técnicas y jurídicas para decir que las medidas de vigilancia masiva (como la retención anticipada de datos) son poco útiles, innecesarias y desproporcionadas.
De la misma forma, la defensa del derecho a la privacidad en la vida digital enfrenta otros desafíos que lo hacen peligrar, como las iniciativas que apuntan a debilitar la protección de datos o a interferir en los mecanismos de cifrado de las comunicaciones. Respecto de esto último, el reciente reporte del nuevo Relator Especial para el Derecho a la Privacidad de la Organización de las Naciones Unidas; ha concluido que el derecho al anonimato en línea y el cifrado son necesarios para el avance de los derechos humanos en internet.
Desde Access, creemos que es posible lograr un mecanismo equilibrado que proteja la privacidad de los ciudadanos y que a la vez permita la recolección de evidencias para la lucha contra el crimen organizado. La investigación particular de las comunicaciones de sospechosos claramente identificados y con un debido control judicial es la vía idónea para la protección de todos los derechos en juego. Así lo ha establecido el Relator Especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos Edison Lanza en una entrevista sobre la situación de Paraguay hecha por nuestros socios de TEDIC.
En el mismo orden de ideas, en este vídeo, nos sumamos al ex Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, para abogar por un equilibrio necesario entre los derechos de la población (y en especial los de los niños) y las responsabilidades del estado en materia de seguridad.
Acompañanos
Acompañanos a pedirle a los senadores @GiuzzioArnaldo @ArnoldoWiens @FSilvaFacetti que escuchen el pedido de expertos internacionales en la materia y que encuentren alternativas para mejorar la investigación de delitos complejos que no comprometan los derechos de los ciudadanos. Digamos “no” a #Pyrawebs!