#NosVenLaCara
El día 15 de octubre de 2019, el Gobierno de la Provincia de Córdoba hizo pública una prueba experimental de un sistema de vigilancia con reconocimiento biométrico que ya está siendo implementado. Debido a la falta de transparencia y de información sobre ese sistema, la ONG de derechos humanos Access Now presentó un pedido de acceso a la información pública.
Cada vez más localidades en distintos países de América Latina implementan cámaras de vigilancia, muchas de ellas con reconocimiento facial, con el objetivo de mejorar la seguridad. Sin embargo, esta tecnología está siendo discutida en todo el mundo por su impacto negativo en derechos humanos, con casos en los que ha sido directamente prohibida.
“El uso de tecnologías de biometría para la vigilancia masiva, como lo son las cámaras con reconocimiento facial en las calles ponen en peligro la privacidad, la anonimización, la libertad de tránsito y destruyen la presunción de inocencia. Además, por recientes casos, vemos que abre la puerta a acciones discriminatorias, irregularidades y fraudes,” afirma Verónica Arroyo, asociada de políticas públicas en la organización Access Now.
Una de las cuestiones más preocupantes en la implementación de estos sistemas es la falta de transparencia en su adquisición y funcionamiento. El potencial dañoso que tiene cualquier tecnología de vigilancia masiva sobre derechos humanos hace que la transparencia sea fundamental. Este problema se da en el caso del sistema anunciado por el Ministro de Gobierno, Carlos Massei.
“Es alarmante la tendencia de implementar sistemas de reconocimiento facial en toda la región Latinoamericana sin un hacer un debido análisis de su impacto y sin la transparencia necesaria sobre su funcionamiento e implementación,” comenta Gaspar Pisanu, analista de políticas públicas de la organización Access Now.
Por esta razón, el 7 de noviembre presentamos un pedido de acceso a la información pública para obtener más detalles. Fue elaborado por Access Now en colaboración con el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) quienes presentaron pedidos similares (ver aquí y aquí) para los sistemas instalados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Buscamos conocer qué tecnología fue adquirida, cómo funciona, qué datos colecta y cómo se procesan, qué uso se le dará a esa información y a los resultados del sistema, y qué mecanismos serán implementados para evitar vulneraciones a los derechos humanos en riesgo; entre otras preguntas.
Esperamos obtener una respuesta satisfactoria a estas preguntas que nos permita hacer un debido análisis de impacto sobre derechos fundamentales.