En los últimos años, el sector público argentino se ha convertido en uno de los mayores infractores en lo que respecta al tratamiento de los datos personales de la población. Solo el año pasado, la información de los documentos nacionales de identidad (como foto y número de trámite) se filtró del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), la autoridad encargada de la aplicación de la ley de protección de datos personales renunció y no se designó su reemplazo, y el gobierno dio a conocer que el censo que se realizará este año, por primera vez en la historia, se vincularía a un dato de identificación unívoca como el DNI, eliminando así la garantía del anonimato al brindar información sensible.
“La población argentina se encuentra completamente desamparada en lo que hace a la protección de sus datos personales” indica Beatriz Busaniche, Directora de la Fundación Vía Libre. “Es fundamental que las autoridades mejoren sus prácticas, el marco regulatorio y la transparencia si quieren seguir desarrollando e implementando tecnologías que impliquen el tratamiento de datos personales”.
“Es importante contar con información clara y precisa respecto a las herramientas con las que el Estado protege nuestros datos personales” expresa Alejandro Segarra, Director de Litigio Estratégico de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), “su utilización desde distintas aplicaciones, para ejercer derechos, es de uso cada vez más común, con lo cual su protección es un tema cada vez más prioritario”.
Estos graves hechos suceden a su vez en un contexto desfavorable. La ley de protección de datos personales tiene más de 20 años y se encuentra desactualizada producto del avance de las tecnologías, la comunidad de investigadores de seguridad digital es perseguida cada vez que denuncia una vulnerabilidad en un sistema informático público, y las autoridades continúan desarrollando e implementando tecnologías sin transparencia, mecanismos de seguridad, ni estudios de impacto en la privacidad.
“Argentina es de los pocos, sino el único país de la región en que la protección de los datos personales no es parte de la agenda pública”, indica Gaspar Pisanu, Líder de Políticas Públicas para América Latina. “Los países vecinos ya cuentan con una normativa actualizada o se encuentran debatiendo un proyecto en la materia”, añade.
Access Now en conjunto con la Asociación por los Derechos Civiles, Fundación Vía Libre y el Observatorio de Derecho Informático Argentino, presentaron hoy, en el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, una carta abierta dirigida al Poder Ejecutivo y Legislativo. En la misma solicitan la suspensión del desarrollo e implementación de tecnologías que impliquen el procesamiento masivo de datos personales hasta tanto se brinde mayor información para esclarecer los hechos sucedidos, se implementen mejoras en materia de seguridad informática y se establezcan mecanismos democráticos para la toma de decisiones sobre la utilización de estas herramientas tecnológicas.