Organizaciones de derechos humanos se unen al llamado abierto al cese al fuego en Gaza y el respeto por los derechos digitales del pueblo palestino en todo el mundo

Las organizaciones de derechos humanos y derechos digitales abajo firmantes nos unimos al llamado abierto al cese al fuego inmediato para frenar el continuo derramamiento de sangre en Gaza y detener una catástrofe humanitaria y la pérdida de más vidas inocentes en Palestina, Israel, Líbano y más allá. Además, instamos a los gobiernos, las instituciones internacionales, las empresas de tecnología y otras partes interesadas internacionales a asumir la responsabilidad de sus acciones que han habilitado o incitado los descontrolados e indiscriminados ataques israelíes contra civiles en Gaza. Instamos también a que tomen las medidas necesarias para lograr un cese al fuego inmediato y una paz más duradera. Esto incluye defender un “cese al fuego digital” para poner fin de inmediato a los ataques en línea contra personas palestinas en todo el mundo.

Se informa que han muerto más de 4.200 personas y que otros miles han resultado heridas, están desaparecidas o se encuentran atrapadas debajo de escombros. El ejército israelí ordenó a 1,1 millones de palestinos y palestinas evacuar del norte de Gaza sin contar con refugios seguros, lo cual, según la ONU, representaría un traslado forzoso de población — un crimen de lesa humanidad. Las atrocidades que se están llevando a cabo, incluidos los ataques repetidos contra las instalaciones y el personal de salud, han causado inconmensurable destrucción, trauma y pérdida de vidas civiles. Este recrudecimiento de violencia continuo se añade a un bloqueo ilegal e inhumano en Gaza, que priva a millones de personas de acceder a artículos y servicios de primera necesidad, como alimentos, agua, medicamentos y electricidad.

La población de Gaza, que vive bajo el control de ocupaciones militares e injusticia hace 56 años – lo que es entendido como un sistema de apartheid – ahora también se ve afectada por un apagón casi total de las comunicaciones. La información ha comenzado a escasear y la capacidad de documentar las atrocidades que se cometen en el lugar se encuentra muy dificultada. La interrupción del acceso a internet y los ataques dirigidos a la infraestructura de telecomunicaciones contribuyen a la propagación de campañas de desinformación y propaganda de guerra a través de las plataformas de redes sociales y los medios tradicionales, ya que se vuelve más difícil acceder y verificar la información de primera mano o llevar a cabo investigaciones independientes acerca de las atrocidades llevadas a cabo.

A nivel mundial, las voces del pueblo palestino y de quienes apoyan su causa se vieron sofocadas y silenciadas mediante una gran campaña de represión digital, que incluye desinformación, censura, acoso digital, doxxing(publicación maliciosa de información privada) y shadowbanning(limitación de visibilidad de ciertos creadores o contenido). Los gobiernos que habitualmente piden una mayor protección de los derechos humanos están alentando los ataques indiscriminados de Israel al tomar medidas enérgicas contra la libertad de expresión y la manifestación pacífica, tanto online como offline. Asimismo, hasta el momento las empresas de redes sociales han fallado en abordar los alarmantes niveles de desinformación e información errónea que circula en sus plataformas, lo cual contribuye a la violencia offline, la deshumanización y la justificación de los ataques contra civiles. Esto, sumado a la aplicación excesiva, injusta y parcializada de las políticas de moderación de contenido, termina silenciando y alejando de las plataformas al pueblo palestino.

Aunado al bloqueo humanitario impuesto por Israel, el flujo de ayuda humanitaria también se vio interrumpido debido a los ciberataques específicos que afectaron a los grupos de ayuda, como Medical Aid for Palestinians (MAP). Algunos sitios web, agencias de noticias y colectivos que brindan recursos y cobertura sufren ataques de denegación de servicio (DDoS) periódicamente, lo que provoca la caída de sus sitios web. Por su parte, la fiscal general de Israel aprobó el cierre de la oficina de Al Jazeera, uno de los pocos medios de comunicación internacionales con corresponsales en el lugar que brindan cobertura en vivo las 24 horas del día desde Gaza. El cierre obstaculiza aún más la libertad de prensa y el acceso a la información relacionada con Gaza.

A pesar de dichos obstáculos, personas periodistas y defensoras de derechos humanos lograron documentar evidencia de múltiples violaciones al derecho internacional humanitario desde el comienzo de esta fase del conflicto, tanto por parte de Hamas en sus ataques del 7 de octubre contra civiles en Israel como por parte de  las autoridades israelíes en el transcurso de su ofensiva militar contra Gaza. Las violaciones mencionadas incluyen el uso de municiones que contienen fósforo blanco en zonas densamente pobladas, lo cual puede considerarse como un ataque ilícito e indiscriminado contra civiles; los ataques dirigidos a periodistas, que dejaron un saldo de al menos 21 víctimas desde el comienzo de la guerra; y el impedimento de la llegada de la ayuda humanitaria a Gaza. Los centros médicos civiles también fueron atacados en repetidas ocasiones, con 51 ataques contra centros de atención a la salud en los que 15 profesionales de la salud perdieron la vida y 27 resultaron heridos, incluida la reciente explosión en el Hospital Árabe Al-Ahli del martes 17 de octubre.

La comunidad internacional tiene la obligación de garantizar que entre en vigor un cese al fuego inmediatamente. La prioridad debe ser poner fin a la continua pérdida de vidas. Los gobiernos, las empresas y otras partes interesadas semejantes deben cumplir su deber de respetar y proteger los derechos humanos y unirse al llamado para frenar las hostilidades.

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Todas las partes del conflicto deben:

• Poner fin de inmediato a los ataques indiscriminados dirigidos a la infraestructura civil, como la infraestructura médica, energética y de telecomunicaciones y, en términos más generales, suspender el uso de armas explosivas en zonas urbanas;
• Tomar todas las precauciones posibles para proteger a la población civil y abstenerse de cometer ataques indiscriminados y desproporcionados;
• Proteger los aspectos físicos y digitales de la seguridad, la dignidad y la integridad de aquellas personas que estén privadas de su libertad y bajo su control, inclusive la protección contra la curiosidad pública en las redes sociales y otros canales de comunicación y abstenerse de utilizar campañas de desinformación;
• Garantizar que todas las personas que estén privadas de su libertad sin un debido proceso puedan regresar a salvo con sus familias, incluso mediante la asistencia de intermediarios neutrales, como el CICR, que ha ofrecido su apoyo mediante los canales tradicionales y de manera pública en las redes sociales; y
• Cumplir y demostrar con acciones su adherencia al derecho internacional humanitario.

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En particular, las autoridades israelíes deben:

• Permitir de manera inmediata e incondicional el acceso libre, irrestricto y seguro de la ayuda humanitaria a Gaza y su población y facilitar la provisión de asistencia vital. Esto incluye el restablecimiento de la libre circulación de las personas y los bienes en las zonas sitiadas, así como de la electricidad y el suministro de agua. No obstante, debe notarse que el restablecimiento del acceso a dichos servicios es necesario pero insuficiente y no reemplaza el cese al fuego total e inmediato;
• Garantizar que la población civil tenga acceso a una infraestructura de telecomunicaciones libre, confiable, estable, abierta y segura que le permita recibir alertas a tiempo, comunicarse con servicios humanitarios y seres queridos, y ejercer sus derechos humanos fundamentales;
• Garantizar la protección de proveedores de salud, personal humanitario, periodistas y otros actores bajo protección especial. Aquí también se incluye mitigar la divulgación de campañas coordinadas de desinformación que socavan la neutralidad del trabajo de dichas personas y aumentan su vulnerabilidad;
• Revocar las órdenes que imponen la evacuación de civiles del norte de Gaza; y
• Levantar el bloqueo ilegal de la Franja de Gaza y la continua ocupación militar de los territorios palestinos.

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Los actores del sector privado deben:

• Adherirse y cumplir sus responsabilidades de respetar los derechos humanos y mitigar los riesgos o impactos negativos de sus políticas, acciones y servicios, según los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, así como comunicar de manera pública y coherente los pasos que tomarán para garantizar el respeto continuo de los derechos humanos;
• Expandir e incluir en sus iniciativas de debida diligencia reforzada todos los aspectos de sus operaciones y negocios, lo que incluye, por ejemplo, revisar los clientes que compren servicios de publicidad segmentada en la región y otras zonas con fines propagandísticos;
• Tomar medidas para proteger mejor las cuentas y los datos de usuarios y usuarias contra el hackeo, la vigilancia, la censura y otras amenazas, y fortalecer la infraestructura para evitar el acceso ilícito;
• Garantizar la transparencia total de los pedidos gubernamentales que reciban, tanto en base a la ley como a los términos y condiciones, presentados por las autoridades públicas israelíes, incluida la Unidad Cibernética Conjunta. Como mínimo, revelar el tipo de reglas que se exijan respecto al contenido y los datos sobre la cantidad de contenido eliminado en idioma árabe, así como la tasa de cumplimiento de los pedidos gubernamentales, incluyendo las bases legales para las restricciones;
• Comunicar con claridad a los usuarios y usuarias cualquier limitación, restricción o cambio que pueda sufrir el servicio;
• Brindar transparencia con respecto a dónde se usan los sistemas de machine learning para moderar contenido relacionado con Palestina e Israel, incluyendo los indicadores de la precisión, el posible margen de error y los clasificadores de machine learning;
• Brindar información sobre los parámetros utilizados por los sistemas de recomendación de contenido, con la explicación de por qué determinada información se muestra a las personas, incluidos los criterios más importantes que determinan qué información se muestra a quién;
• Investigar a fondo los ciberataques que socavan los derechos humanos, limitar el alcance de contenidos de propaganda auspiciados por actores estatales y no estatales, y la propagación de desinformación, donde cualquier restricción se encuentre en cumplimiento del estado de derecho y los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad;
• Preservar y estar preparados para poder compartir abiertamente, cuando sea posible, documentación sobre la violencia, para usarla en posibles iniciativas futuras para responsabilizar a quienes violaron el derecho humanitario y los derechos humanos y garantizar el acceso a mecanismos de reparación por parte de las víctimas; y
• Para los inversores y las instituciones financieras vinculadas a negocios que operan en la región, responsabilizar a dichos negocios de la transparencia total de su conducta empresarial y los requerimientos mencionados previamente.

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Las personas tomadoras de decisiones mundiales deben:

• Utilizar todos los canales disponibles para instar a las partes del conflicto a llevar a cabo con inmediatez las acciones establecidas previamente;
• Exigir el fin del bloqueo para permitir el acceso a bienes y servicios esenciales, tal como gobiernos como EE. UU. lo han hecho en otros conflictos recientes;
• Solicitar una investigación completa y transparente de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluido mediante el apoyo financiero y político de las capacidades de investigación de la Corte Penal Internacional, y la exploración de opciones alternativas de contar con un tribunal internacional independiente o una corte híbrida, como lo propuso la UE tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia;
• La Unión Europea y los Estados Unidos deben instar al Gobierno de Israel a atenerse rigurosamente al derecho internacional humanitario; y
• La Unión Europea y los Estados Unidos deben dejar de respaldar la respuesta del Gobierno de Israel para evitar ser cómplices de la perpetración continua de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

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ORGANIZACIONES:

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