El pasado 11 de noviembre estaba programada la audiencia para el reinicio del proceso en contra del investigador de seguridad informática Ola Bini acusado del supuesto delito de acceso no consentido a un sistema informático. Sin embargo, la audiencia nunca inició puesto que el fiscal Fabián Chávez nunca se presentó. No es la primera vez que las audiencias del caso contra Ola se suspenden. Hace dos meses y medio fue pospuesta debido a que el traductor oficial se había enfermado. Estas repetidas dilaciones e irregularidades procesales han dado como resultado que el investigador lleve más de 3 años sin poder salir de Ecuador, por momentos incluso privado de su libertad y siendo víctima él y sus colaboradores de allanamientos arbitrarios.
“¿Tres años de desarraigo y de limitaciones a la libertad de movimiento, no es de por sí una condena? ¿Cómo es posible que en una sociedad democrática una persona inocente sea víctima de tal abuso?” dice Gaspar Pisanu, Líder de Políticas Públicas e Incidencia para América Latina de la organización Access Now. “Si Ola, que es una persona conocida, y que su caso tiene la atención de la prensa, la sociedad civil y la academia, sufre esta condena procesal, imaginemos las injusticias que sufren quienes no tienen tal exposición”.
A la gravedad de esta situación se suma la incapacidad del sistema judicial de proveer una persona capaz de traducir del español al sueco. Es la misma defensa de Bini quien se encuentra realizando los esfuerzos para garantizarle este derecho. Dadas las inconsistencias procesales y los reiterados abusos cometidos por el estado ecuatoriano, 18 organizaciones locales, regionales e internacionales observan el caso y exigen justicia para Ola Bini.
“La persecución que sufre Ola es uno de los precedentes más preocupantes para quienes realizan trabajos de investigación en seguridad digital y defensa de derechos humanos en línea en la región”, dice Rodrigo Iturriza de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, observador y especialista en el caso Ola Bini. “Reparar el daño que este proceso le ha provocado a Ola va a ser imposible. Es fundamental que esta situación se corrija de forma inmediata y que el Estado cumpla su deber esencial de proveer justicia y asuma el compromiso de garantizar la seguridad de quienes realizan una actividad dirigida a protegernos a todos y todas”.
La nueva fecha para la reinstalación de la audiencia de Ola Bini es el 31 de enero de 2023. Hacemos un llamado a los tribunales para que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que el proceso se lleve oportunamente y sin más dilaciones.