Actualización 2: El 25 de abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional el Padrón Nacional de Usuarios a Telefonía Móvil (PANAUT). R3D recoge en su comunicado que para tomar la decisión, durante la discusión la Corte consideró “no contemplar el requisito de autorización judicial para el acceso a datos, su falta de proporcionalidad respecto de otras medidas menos invasivas o los impactos de la creación de bases de datos biométricos en posesión del Estado en los derechos humanos”.
Actualización 1: El 16 de abril de 2021, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aprobó el decreto para implementar un padrón de telefonía móvil. El decreto establece que concesionarios y permisionarios recolectarán los datos, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) será quien los administre para el gobierno. El presidente ha pedido a la población confiar en que el gobierno nunca realizará espionaje, cuando el padrón en rigor lo permitiría. Para el 20 de abril, el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro ha otorgado seis medidas cautelares, de manera que provisionalmente los usuarios que han solicitado el amparo no se vean obligados a entregar sus datos personales, incluyendo los biométricos. El juez alega que no existe una relación directa entre la creación del padrón y la reducción de un delito.
Recopilar datos personales biométricos a cambio de una tarjeta SIM para móvil es innecesario y peligroso. Sin embargo, esta es la cruda realidad que la Cámara de Senadores de México ha puesto en marcha tras votar ayer 13 de abril a favor de la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Access Now y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) piden al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que vete este alarmante nuevo registro.
“El presidente debe ser congruente con la promesa de respetar los derechos y libertades y vetar este proyecto propio de regímenes autoritarios”, indicó Luis Fernando, Director de R3D.
Miembros de la Cámara indicaron que la iniciativa, un refrito del fallido y desaparecido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), reducirá las extorsiones y delitos asociados, aunque no existe prueba de que este tipo de sistema haya logrado el objetivo, ni con RENAUT, ni internacionalmente. El padrón sin embargo atentaría contra la privacidad, puede facilitar la vigilancia patrocinada desde el estado y desperdicia recursos que podrían usarse para combatir la profunda brecha digital de la nación.
“El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil de México pone en peligro la privacidad de todos las personas que se verán obligadas a usarlo” indicó Verónica Arroyo, Asociada de Políticas Públicas para América Latina de Access Now. “Y serán millones de personas. El principal argumento a favor del padrón es la lucha contra el crimen organizado. Pero como es poco probable que la mayoría de las redes delictivas que buscan obtener tarjetas SIM utilicen sus identidades reales, y probablemente estén al tanto de trucos y estafas como la clonación de tarjetas y el robo de teléfonos, no tiene ninguna lógica”.
El padrón no solo es una amenaza para la privacidad e incapaz de lograr su pretendido objetivo, también es injustificadamente costoso, con un costo estimado de 21 mil millones de pesos mexicanos (más de mil millones de USD). Teniendo en cuenta la extrema desigualdad económica de México, estos fondos podrían destinarse a otras áreas del desarrollo social.
Peligros latentes
La defectuosa iniciativa construiría una base de datos biométrica centralizada, creando un único punto de ataque para los posibles delincuentes que deseen robar información personal. Entonces, en realidad, en lugar de proteger a las personas usuarias de teléfonos móviles contra la extorsión, el registro colocaría los datos personales sensibles y difíciles de modificar (como huellas digitales) en una situación vulnerable, socavando el derecho a la privacidad en México.
“En un país como México, en donde las autoridades de seguridad frecuentemente se encuentran coludidas con la delincuencia organizada, es irresponsable y peligroso poner a disposición de las autoridades una base de datos sensibles de más de 100 millones de personas” apuntó Luis Fernando García.
El gobierno de México ya cuenta con varios mecanismos para combatir la extorsión que han resultado en graves abusos por parte de las autoridades.
La Cámara de Senadores también está debatiendo actualmente la implementación de la Cédula Única de Identificación Digital (CUID), una peligrosa iniciativa que crearía una base de datos centralizada con datos biométricos de toda la ciudadanía mexicana y residentes en México. La participación sería obligatoria.