La Jueza Renata Barros Souto Maior Baiao concedió el pedido de seis organizaciones brasileñas que solicitaron judicialmente los estudios previos, los procedimientos adoptados y más en la licitación y contratación del nuevo sistema de monitoreo que empleará tecnología de reconocimiento facial en el Metro de São Paulo.
En julio de 2019 se publicó la orden de licitación para la adquisición de un nuevo sistema de monitoreo con tecnología de reconocimiento facial en el metro de São Paulo en las líneas 1-azul, 2-verde y 3-amarilla. En octubre de ese año, el consorcio Engie Ineo Johnson ganó dicha licitación con una propuesta millonaria de 58.618.282,54 reales.
Ante la falta de mayor información la Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Defensoria Pública da União (DPU), Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Intervozes, ARTIGO 19, y el Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos (CADHu) presentaron una solicitud de prueba anticipada contra la Companhia Metropolitano de São Paulo.
La solicitud de prueba anticipada es un mecanismo por el cual se pide judicialmente que se generen medios probatorios antes que exista inclusive una demanda en curso. Ello es posible cuando no se puede esperar el proceso ordinario y este es el caso de la implementación de dicha tecnología en el metro de São Paulo.
La implementación de mecanismos de vigilancia y monitoreo con reconocimiento facial es duramente criticada por los riesgos que conlleva para los derechos de las personas en cuanto a su privacidad, libertad de movimiento, presunción de inocencia, discriminación y otros. Es más en Brasil, en julio de 2019 una mujer fue confundida con una persona condenada por homicidio que ya estaba presa.
Adicionalmente, a estas preocupaciones se suma que usualmente en América Latina la adquisición, implementación y funcionamiento de estas tecnología se da sin transparencia, lo cual agrava más la situación y deja en indefensión a las personas.
“El implementar esta tecnología en uno de los metros más importantes del país sin la debida transparencia crea un riesgo grande pues miles de personas diariamente usan este transporte público. Por ello, saludamos que varias organizaciones hayan solicitado anticipadamente toda la información sobre los detalles de la licitación, los estudios de impacto en derechos humanos, y otros” comenta Verónica Arroyo, asociada de políticas públicas en la organización Access Now.
El 10 de febrero, las seis organizaciones mencionadas presentaron la solicitud de prueba anticipada, la misma que este miércoles 12 de febrero le fue concedida en todos sus extremos excepto uno. La jueza que revisó la petición señala que es posible que con las pruebas que se obtendrán las organizaciones puedan iniciar una demanda, y además señaló que la información solicitada es de carácter público.
Aquí texto completo de la resolución de la jueza donde se detalle el pedido de las organizaciones.
Te invitamos a seguir el desarrollo de esta noticia en las cuentas del Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Intervozes y ARTIGO 19.