9 de agosto de 2023: Access Now se unió a organizaciones de derechos humanos, privacidad y libertades civiles solicitando a la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) investigar la forma en que este departamento usa información poco fidedigna procedente de gobiernos autoritarios para tomar decisiones en los procesos migratorios de personas provenientes de esos mismos países.
La denuncia detalla las formas en que el DHS utiliza en sus procesos migratorios información de fuentes extranjeras poco confiables, como gobiernos denunciados por violar los derechos humanos de sus habitantes. Específicamente aborda el caso de El Salvador y cómo los convenios de intercambio de información entre Estados Unidos y ese país perjudican a las personas que van a Estados Unidos escapando de la situación sociopolítica del país. El documento relata historias de personas salvadoreñas directamente impactadas por estos problemáticos programas de intercambio de datos.
Estados Unidos mantiene varios acuerdos y programas de intercambio de datos con el gobierno de El Salvador, un país que actualmente vive un deterioro en el cumplimiento y la protección de los derechos humanos de sus habitantes, documentado en informes anuales del Departamento de Estado estadounidense.
El uso por parte del DHS de datos poco fiables en los procedimientos de inmigración viola derechos humanos fundamentales, pone en peligro innumerables vidas y corre el riesgo de perpetuar el abuso sistémico. Apoyamos una investigación exhaustiva para garantizar que a ninguna persona se le deniegue injustamente el asilo basándose en acuerdos de intercambio de datos poco fiables. También pedimos al DHS que ponga fin en lo inmediato a sus acuerdos de intercambio de datos con El Salvador y otros países de América Central acusados de violaciones de derechos humanos.Franco Giandana Gigena, analista de políticas de LATAM para Access Now
Estos programas permiten que un flujo constante de información no corroborada, entre en las bases de datos utilizadas por las agencias migratorias estadounidenses y sean usadas para resolver las solicitudes de refugio y procesos migratorios de personas provenientes de El Salvador.
Estos acuerdos entre ambos países facilitan el intercambio de datos personales, incluyendo biométricos, de personas acusadas de cometer delitos o de pertenecer a pandillas en El Salvador, a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, dichas acusaciones son a menudo producto de persecución política, en la que las autoridades salvadoreñas señalan a personas basándose en pruebas prejuiciosas y acusaciones infundadas.
Cuando las personas salvadoreñas huyen de su país, pueden tener acusaciones infundadas por su gobierno, que posteriormente son utilizadas por las agencias migratorias estadounidenses para obstaculizar el acceso al asilo y a otras formas de asistencia para perseguidos políticos. Aunque esta información da lugar a graves privaciones de derechos, las personas afectadas rara vez tienen la posibilidad real de revisar o refutar la información utilizada en su contra.
Por estos procedimientos problemáticos, el DHS ha expulsado a solicitantes de asilo a El Salvador sin darles la oportunidad de apelar la veracidad de las pruebas presentadas contra ellos. De vuelta en El Salvador, las personas han sido detenidas, encarceladas y sometidas a nuevas formas de persecución.
Con el fin de proteger los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, el gobierno de EE.UU. debe revisar sus programas de intercambio de datos en el extranjero y poner fin a los que dan lugar a violaciones sistemáticas de los derechos. El Congreso y los organismos de control del gobierno deben investigar los daños causados por la dependencia de los programas extranjeros de intercambio de datos y poner fin al ciclo de abusos que se produce como resultado, sentenció.Jesse Franzblau, Analista Senior de Políticas del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes
La queja argumenta que depender de datos poco fiables proporcionados por las autoridades salvadoreñas viola la normativa estadounidense y los procedimientos del DHS, e insta al CRCL a recomendar al DHS tomar medidas inmediatas para frenar el ciclo de abusos.