Después de la derrota en el referéndum para que el gobierno siga en el poder, Bolivia explora la reglamentación de las opiniones en internet
Hay una propuesta en Bolivia para regular las redes sociales que tiene preocupados a los defensores de los derechos digitales en el país (puedes chequear la conversación en redes sociales con el hashtag #RedesLibresBo). El proyecto de ley aún no ha sido revelado, pero está siendo discutido públicamente por funcionarios en Bolivia. Según declaraciones hechas por los legisladores en los medios, la propuesta apuntará a prohibir el anonimato en línea, castigar a quienes cometen injurias contra funcionarios públicos y crear un camino para que el gobierno vigile las redes sociales para la prevención de delitos.
En los términos en que está siendo publicitada, la propuesta es perjudicial para la libertad de expresión en Bolivia.
¿Cuál es el origen de ésta situación?
El pasado mes de Febrero, el actual Presidente de Bolivia, Evo Morales, fue acusado de tráfico de influencias en beneficio de una empresa China donde una ex pareja suya ocupaba un alto cargo ejecutivo. Poco después, tuvo lugar el referéndum para reformar la Constitución de Bolivia para permitir al presidente Morales postularse para un cuarto mandato. La mayoría de los bolivianos votó contra la reforma, rechazando la posibilidad de reelección.
El partido de gobierno atribuyó esta derrota política a las acusaciones de corrupción, y a lo que consideran una campaña de desprestigio y difamación contra el presidente Morales que se habría llevado a cabo en las redes sociales, en algunos casos, mediante opiniones anónimas.
Poco tiempo después, dos miembros de la Asamblea Legislativa comenzaron a hablar con la prensa sobre la regulación del uso de las redes sociales en Bolivia, “para castigar la difamación de personajes públicos o privados” y otros delitos como la recolección ilegal de datos personales.
Lo que sabemos sobre el proyecto de ley
Como observamos anteriormente, el texto no es público, pero los legisladores bolivianos Victor Borda y Leonardo Loza han compartido información sobre el tipo de regulación que se está planeando. De acuerdo a sus declaraciones públicas, el proyecto de ley prohibiría el anonimato en internet; castigaría la difamación en línea de funcionarios públicos; prohibiría la recolección y tratamiento de información personal sin consentimiento; y crearía una oficina de gobierno para monitorear las redes sociales.
Se trata de un proyecto de ley “ómnibus” creado a raíz de un acontecimiento público –el fracaso del referéndum para extender el mandato presidencial– que de manera inconveniente combina problemáticas enteramente diferentes. Daremos un vistazo a cada una de las propuestas y analizaremos su impacto para los derechos digitales en el contexto boliviano.
La prohibición del anonimato
Como mencionamos anteriormente, el presidente Morales y otros funcionarios públicos destacan el rol de las críticas anónimas en la derrota en el referéndum que habría permitido un cuarto mandato presidencial. Por lo tanto, el anonimato se convirtió en motivo de preocupación para el gobierno. Naturalmente, quienes proponen la prohibición del anonimato también lo relacionan a otros delitos en internet, tales como el fraude, la pornografía infantil y la trata de personas.
Sin embargo, prohibir el anonimato en línea es claramente una medida excesiva que amenaza derechos humanos como la libertad de expresión y la privacidad. Prohibir el anonimato es poner en peligro la libertad de expresión, ya que sin él muchos ciudadanos podrían abstenerse de expresar sus opiniones políticas por temor a represalias. El anonimato también protege el discurso de minorías étnicas, religiosas y sexuales. Estas y muchas otras consideraciones en materia de anonimato y libertad de expresión han sido analizadas y destacadas en el primer informe de David Kaye, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de expresión. También es notable que la Corte Constitucional de Corea del Sur afirmara la importancia del anonimato en 2012 cuando falló en contra de una ley que establecía una política de uso de nombres reales en las opiniones en internet.
Criminalización de la difamación en línea de funcionarios públicos
El respeto de los derechos y reputación de los demás es una de las limitaciones a la libertad de expresión, de acuerdo a varios tratados internacionales. Es cierto que el presidente Morales fue acusado de la comisión de delitos y que los funcionarios públicos tienen derecho a proteger su honor, pero el alcance de este derecho es limitado en su caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, establece un estándar más alto de tolerancia en cabeza de los funcionarios públicos con respecto a expresiones sobre su desempeño. En ese contexto, la calumnia o difamación puede constituir una forma de expresión política que vale la pena proteger.
De manera coincidente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó eliminar el delito de “desacato” (difamación contra funcionarios públicos) de los códigos penales de los países americanos. Eso es exactamente lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia logró en una sentencia de 2012, lo que significa que la propuesta actual del gobierno causaría un retroceso preocupante en materia de estándares para la libre expresión.
Prohibición del tratamiento no autorizado de datos personales
El diputado Victor Borda afirma que la regulación de las redes sociales es necesaria para abordar la recolección y el tratamiento ilegal de datos personales. Es ciertamente recomendable tomar medidas sobre esta cuestión, pero avanzar con un proyecto de ley que mezcla temáticas de distinto ámbito sin el debido debate y fundamentación no es la manera correcta de abordar el problema de protección de datos en Bolivia. En la actualidad, Bolivia reconoce la protección de los datos como un derecho constitucional y permite la acción de hábeas data como garantía específica, pero necesita un marco integral de protección de datos personales. Una ley general debidamente debatida es necesaria para regular el consentimiento y garantizar los derechos de los bolivianos en la recolección y tratamiento de información personal.
Monitoreo de redes sociales
Por último, pero no menos importante, encontramos preocupante la propuesta de crear un Consejo Nacional para hacer frente a “derechos y obligaciones” en línea, con el poder “ejercer control sobre las redes sociales” e investigar el comportamiento abusivo. No tenemos muchos detalles sobre cómo podría funcionar el órgano de gobierno para el control de las redes sociales, pero advertimos que el monitoreo en masa de la actividad de los usuarios en esas plataformas constituye una forma de vigilancia ilegal. La única manera posible de aplicar vigilancia a las redes sociales es mediante la aplicación de estrictos estándares de necesidad y proporcionalidad; en casos concretos donde investigaciones judiciales hagan ineludible esa medida. (Puedes leer más acerca de nuestra posición sobre el monitoreo masivo y a priori de redes sociales aquí y aquí.)
¿Qué puedes hacer?
Ahora, lo más importante que puedes hacer es difundir las noticias acerca de esta propuesta, incluyendo tu preocupación por los derechos humanos en juego. Pueden hacerlo compartiendo este post en Facebook o Twitter con el hashtag #RedesLibresBo.
Para quienes estén involucrados en el debate político y las deliberaciones en Bolivia, Access Now ha elaborado un corto documento de política pública (en Español) que detalla cómo este tipo de legislación impactaría negativamente en la libre expresión y la privacidad de los bolivianos y elabora argumentos contenidos en este post.
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