El 27 de marzo de 2023, el centro de investigación Tlatelolco Lab, perteneciente al Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la Universidad Nacional Autónoma de México, presentó una propuesta de regulación de redes sociales a través de un “Decálogo de Derechos de las Personas Usuarias de Redes Sociodigitales” (Decálogo).
El espacio de discusión, mayoritariamente integrado por legisladoras y por el Consejo Consultivo de la propuesta de regulación, contó con una limitada presencia de organizaciones de la sociedad civil, entre las que nos encontrábamos Access Now, SocialTIC y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). En conjunto, alertamos sobre los riesgos de impulsar el contenido del Decálogo sin una discusión previa, profunda e incluyente, que incorpore de manera sustantiva la diversidad de voces de la sociedad civil y otros sectores interesados.
Tanto Access Now como R3D señalamos serios riesgos para el derecho a la libertad de expresión, que resultarían de la aprobación de las propuestas legislativas concretas que están en el Decálogo. De aprobarse esta propuesta, se violarían principios fundamentales para un internet libre, tales como el de la no responsabilidad de intermediarios y el de la prohibición de la censura previa, ambos protegidos constitucional y convencionalmente.
El contenido del Decálogo tiene una redacción vaga y ambigua que podría dar lugar a la importación de figuras jurídicas que son incompatibles con el marco constitucional mexicano e interamericano, por ser contrarias a los estándares de libertad de expresión. Tal es el caso del mal llamado “derecho al olvido”, que constituye una medida de supresión de información y de censura indirecta, y que ya fue declarado incompatible con el marco constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México.
Otro de los puntos graves del Decálogo es que exige generar un “entorno veraz”, es decir, que el criterio para regular la información en redes sociales sea el de la “veracidad”. Este punto, acompañado de propuestas concretas de modificación legislativa, es abiertamente contrario a las condiciones mínimas necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión. El riesgo se evidencia en la potestad que el proyecto otorga al Estado de controlar la información y de tomar decisiones sobre qué información cumple con el requisito de “veracidad”. En otras palabras, que sea una autoridad gubernamental quien determine qué información es cierta o no.
Finalmente, el proceso de creación y aprobación del Decálogo presenta contradicciones: por un lado, tanto los integrantes de Tlatelolco Lab como los comentadores de la propuesta, aseguraron reiteradamente que esta es un punto de partida para iniciar una discusión sobre la regulación de plataformas digitales, y repitieron la intención de tener una postura inclusiva para la sociedad civil. Sin embargo, también fueron claras las posturas de avanzar las propuestas legislativas con premura y anticipación, para su eventual aprobación antes de la finalización de la actual legislatura. Es inquietante que este punto fue reiterado en repetidas ocasiones y que varias de las legisladoras presentes estuvieron de acuerdo y se comprometieron con el proyecto.
Dada la complejidad del debate que implica la regulación de las redes sociales y la moderación de contenidos en internet, resulta preocupante que después de dos años de trabajo en el Decálogo, hasta ahora se convoque a un pequeño grupo de la sociedad civil. Esto supone una traba a la hora de discutir y corregir los numerosos errores que el Decálogo contiene y que pondrían en serio riesgo tanto la libertad de expresión de todas las personas, como el funcionamiento libre y abierto de internet.
Por estas razones, desde Access Now y R3D hacemos un llamado a las legisladoras y legisladores participantes de la presentación del proyecto, a los organizadores del mismo y al Congreso en general, a garantizar la participación sustantiva de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia y de las demás personas interesadas. Esto debe tenerse en cuenta tanto en cualquier discusión sobre estos temas, como en el eventual debate legislativo. Es urgente asegurar un ambiente deliberativo, abierto e inclusivo en el parlamento, que permita incorporar los distintos puntos de vista y garantizar que toda regulación sea respetuosa de la libertad de expresión y que el internet se mantenga libre de censura de actores públicos y privados.