El 2022 fue un año complejo en materia de derechos digitales en toda América Latina. Algunos países lograron avances importantes en protección de datos, vigilancia masiva, privacidad y más. Pero otros cierran el año con medidas que generan gran preocupación sobre el devenir de los derechos de sus personas ciudadanas.
Hacemos un recuento de los logros que festejamos, esperando que sirvan de ejemplo para otros países de la región; y también recordamos aquellas medidas que representan un retroceso para los derechos en espacios digitales, a las que continuaremos dándoles seguimiento.
Lo qué SÍ celebramos:
- Argentina ratifica el Convenio 108+ en materia de protección de datos personales: La adhesión al Convenio 108+ representa un compromiso por parte del país con la protección de datos personales y con el fortalecimiento de sus legislaciones locales, que ya están en proceso de ser renovadas. Este acuerdo es una actualización del Convenio 108 ya firmado por Argentina en 2019 y que ahora incorpora disposiciones para hacer frente a los retos que traen las nuevas tecnologías y la economía digital.
- Buenos Aires y São Paulo suspenden el uso de sistemas de reconocimiento facial: Las judicaturas locales ordenaron la suspensión del uso de ciertos sistemas de reconocimiento facial que habían sido desplegadas en estas ciudades de Argentina y Brasil. Ambas decisiones coincidieron en que los sistemas de reconocimiento facial ponen en riesgo los derechos humanos y que su uso es desproporcionado. Estas experiencias deben alentar a otros países de la región para que también prohíban el uso de tecnologías que recolectan datos biométricos de manera remota, entre otras razones, por irrespetar el consentimiento y por facilita la discriminación y exacerbar desigualdades.
- Municipalidad de Perú es sancionada por el uso ilegítimo de datos personales: La Municipalidad de La Victoria fue sancionada por la Autoridad de Protección de Datos Personales en Perú por no contar con las medidas de seguridad legales para el procesamiento de datos personales obtenidos de cámaras de vigilancia. Un gran logro conseguido luego de una denuncia realizada junto con la organización Hiperderecho.
- México cancela sus planes para recopilar datos biométricos de usuarios de telefonía móvil: La Suprema Corte de Justicia de México declaró la inconstitucionalidad de la iniciativa local que proponía la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). Este registro pretendía almacenar los datos biométricos de todas las personas usuarias de telefonía móvil en el país, una acción desproporcionada, innecesaria y peligrosa para la privacidad y la intimidad, entre otros derechos..
Lo que NO celebramos:
- Estados Unidos busca crear una base de datos biométricos de personas migrantes: El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos avanza con la creación de la base de datos de tecnología de reconocimiento avanzado nacional (Homeland Advanced Recognition Technology o HART) con tecnología militar. La base de datos recopilaría también información personal de personas migrantes. Estos datos se compartirán entre Estados Unidos y países como México, Guatemala, Honduras y El Salvador, poniendo en riesgo los derechos de las personas migrantes. ¡Exigimos que las personas puedan #MigrarSinVigilancia!
- Jamaica inicia programa de identificación digital: A pesar de los riesgos para la privacidad y seguridad señalados por varias organizaciones de la sociedad civil, Jamaica avanzó con la implementación del Sistema Nacional de Identificación (NIDS). Este es un programa de identificación biométrica digital que también podría permitir la discriminación y exclusión de comunidades vulnerables de los servicios y beneficios del gobierno.
- Ataques con Pegasus a periodistas y activistas en El Salvador: 35 periodistas y activistas en El Salvador fueron víctimas de espionaje con el software Pegasus de NSO Group. Esto se suma a los constantes ataques y censura que sufre la prensa en el país por parte del Gobierno. Cierra el año, aún se desconocen los autores de esta vigilancia ilegal y el Estado no muestra ningún interés en avanzar con las investigaciones.
- La audiencia de juicio contra Ola Bini se sigue posponiendo: Repetidas dilaciones e irregularidades siguen marcando el proceso contra Ola Bini que ya lleva 3 años sin poder salir de Ecuador, siendo en ocasiones privado de su libertad y víctima de allanamientos ilegales. El caso de Ola Bini es una muestra de la grave persecución que sigue recibiendo la comunidad de seguridad de la información en muchos países de América Latina. Junto con 18 organizaciones locales, regionales e internacionales seguiremos observando el desarrollo de este caso y exigiendo justicia para Ola Bini.
Los desafíos para seguir conquistando derechos en espacios digitales continúan en América Latina. Nuestro compromiso es continuar trabajando de la mano de organizaciones locales para que se respete la libertad de expresión, se protejan los datos personales y se prohiba la vigilancia masiva biométrica, y que lo que hoy no celebramos pueda ser una buena noticia mañana.