Desde hace años, Guatemala, Honduras, El Salvador y México cuentan con acuerdos de cooperación con los Estados Unidos de América para el intercambio internacional de datos biométricos de personas migrantes, con el supuesto objetivo de mejorar la prevención de la delincuencia, la seguridad nacional y el control fronterizo. Sin embargo, estos intercambios suponen más riesgos que beneficios. La falta de transparencia impide realizar una evaluación sobre la necesidad y proporcionalidad de estos acuerdos. Esto es importante ya que, especialmente la transferencia de datos biométricos puede derivar en abusos, decisiones arbitrarias y vigilancia indiscriminada sobre las personas migrantes.
Anteriormente, advertimos sobre cómo cierta tecnología utilizada en el marco de estos acuerdos entre países de Centroamérica, México y EEUU era usada para el tratamiento de sus datos biométricos, y sobre cómo esto puede impactar en sus derechos humanos. Incluso solicitamos a Amazon que terminara el contrato para hospedar la información recolectada en la base de datos conocida como HART. En esta ocasión, alertamos sobre las políticas públicas que permiten el intercambio de datos biométricos y que exponen a millones de migrantes.
Alcance y riesgos de los acuerdos
Si bien estos instrumentos son de naturaleza no vinculante, es decir, que solo representan un conjunto de reglas que los estados no están obligados a cumplir, resulta igualmente relevante comprender el alcance de la cooperación internacional en el intercambio de datos biométricos para determinar si se respetan los derechos de las personas migrantes. Especialmente porque contienen elementos para considerar que hay un desbalance en la colaboración de los estados. Por ejemplo, los datos intercambiados en el marco de dichos acuerdos corresponden únicamente a las personas migrantes de los países latinoamericanos hacia EEUU, y no viceversa.
Es particularmente preocupante que se contemple incluso a aquellas personas que “puedan estar planeando viajar sin autorización” al territorio de alguno de los países firmantes, según se desprende del texto del acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos. El problema aquí es que no es claro el criterio que utiliza para determinar tal condición, lo cual puede resultar incluso en la vigilancia de personas no migrantes. Un análisis de los textos de estos acuerdos permite identificar una serie de riesgos, entre los que destacamos:
- La falta de transparencia que existe sobre los mecanismos de tratamiento de datos biométricos reduce la posibilidad de realizar auditorías o estudios de impacto sobre los derechos humanos. Esto puede afectar el derecho a la privacidad, a la autodeterminación informativa y a la dignidad de las personas migrantes.
- También se debilita el principio de inocencia, toda vez que estas políticas públicas permitirían intercambiar datos de personas migrantes que no cuentan con antecedentes criminales, lo que posibilita que arbitrariamente se las categorice como sospechosas, lo que podría conllevar incluso a su deportación.
- Los acuerdos tampoco especifican las medidas de seguridad que deben adoptarse para proteger a los datos personales de las personas migrantes. Solamente indican que el tratamiento se hará según las leyes nacionales de cada país, a pesar de que algunos no cuentan con leyes acordes a los actuales estándares en esta materia. Tampoco es posible constatar su implementación debido a la falta de transparencia.
Vale la pena indicar que este tipo de acuerdos de cooperación también existen entre países de Latinoamérica, como por ejemplo entre México y El Salvador, o entre México y Guatemala. Asimismo, existen acuerdos de carácter vinculante (obligatorio), como el Acuerdo del Bicentenario entre Estados Unidos y México. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) solicitó acceso al texto completo, pero solo recibieron enlaces de prensa que hacen referencia al Acuerdo. R3D impugnó la contestación ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pero no ha habido respuesta. La denegación por parte de los estados ante la solicitud de compartir información que debería ser pública desde un principio, refuerza nuestra preocupación por los posibles abusos contra los derechos de las personas migrantes y de la ciudadanía en general.
Solicitudes de acceso a la información pública
A los fines de conocer de parte de los propios estados el alcance de la cooperación acordada y los riesgos que estos implican para las personas migrantes, Access Now se alió con organizaciones locales de El Salvador, Guatemala y Honduras en la presentación de solicitudes de acceso a la información pública y estamos actualmente esperando respuesta.
Si bien los objetivos de mejorar la seguridad nacional y la reducción de la delincuencia transfronteriza son válidos, estos no pueden ser excusa para adoptar políticas innecesarias y desproporcionadas que deriven en mayores daños a los derechos de comunidades particularmente vulnerables. Exigimos que los estados de origen, de tránsito o de destino de estas personas se constituyan en verdaderos garantes de sus derechos y suspendan la implementación de estos acuerdos hasta tanto se hagan efectivas las medidas necesarias para la protección de los derechos de las personas migrantes.
Créditos de la imagen: Gibrán Aquino – Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)
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