El pasado martes 3 de abril la “Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales” de la que hablamos en un post anterior, fue aprobada en segundo debate por el Poder Legislativo de Honduras. Si bien aún falta una tercera votación para que se convierta en ley, es preocupante que el congreso haya dejado de lado el rechazo de la sociedad civil y de Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA).
En palabras de Hedme Sierra Castro, miembro de la “Asociación para una Ciudadanía Participativa” (ACI-Participa): “Desde el Golpe de Estado en 2009; el uso de las redes sociales a través de Internet, han sido una herramienta valiosa para organizarse y manifestarse en línea utilizadas por la sociedad civil organizada y no organizada, para quebrar el cerco mediático hegemónico con el objetivo de denunciar violaciones a los derechos humanos que de otra manera no se sabrían. La denuncia activa en redes sociales ha salvado vidas durante represiones en manifestaciones y desalojos violentos donde se hace uso excesivo de la fuerza.”
“Durante 2017, año electoral, hubo un aumento desproporcionado en la actividad de levantamiento de perfiles, acoso, intimidación, amenazas y campañas de difamación contra activistas y defensoras/es de Derechos Humanos a través de las redes sociales. La aprobación de la ley en cuestión, no vendría sino a legalizar las prácticas de monitoreo de perfiles de usuarias/os que ya se está realizando en las redes sociales” agrega Hedme Sierra Castro.
Esperamos que el poder judicial recapacite y no apruebe este peligroso proyecto en su forma actual. La tendencia hacia la censura y el ejercicio del poder político sobre internet avanza peligrosamente en Centroamérica, con el surgimiento de ideas similares en Nicaragua. Los mantendremos actualizados.